El Parlamento Europeo ha votado a favor de una resolución que pone en manos del Tribunal de Justicia europeo su validez jurídica

El Parlamento Europeo ha decidido que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) evalúe si el acuerdo con Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) respeta los tratados comunitarios de la UE. La decisión supone congelar la entrada en vigor del pacto comercial entre ambos bloques, un proceso que podría demorarse hasta dos años, y se produce pocos días después de la firma del acuerdo, si bien el Parlamento Europeo debía dar el visto bueno definitivo.

La resolución que se ha votado este miércoles proponía que el acuerdo con Mercosur se sometiese al escrutinio del Tribunal de Justicia. En concreto, se pide que el TJUE valore su compatibilidad con los Tratados del Acuerdo de Asociación entre la UE y sus Estados miembros, por una parte, y el Mercosur, por otra, así como con el Acuerdo Interino de Comercio previsto entre ambos bloques. Con 334 votos a favor, 324 en contra y 11 abstenciones, la resolución se ha admitido.

Según explica el Parlamento Europeo, “la base jurídica del acuerdo de asociación UE-Mercosur y del acuerdo comercial provisional será ahora objeto de evaluación por la Corte”, por lo que “el Parlamento Europeo continuará examinando los textos, a la espera del dictamen del TJUE”, para que, posteriormente, “se decida si da su aprobación o no al acuerdo”.

La congelación de la entrada en vigor del pacto comercial supone añadir más demoras a su aplicación, tras casi 26 años desde que comenzaron las negociaciones. Esperado por unos y criticado por otros, 21 Estados miembros de la UE votaron a principios de enero a favor de crear la mayor zona de libre comercio del mundo, con la oposición de Francia, Hungría, Polonia y Austria.

El acuerdo con Mercosur había levantado una importante oleada de protestas en toda Europa por parte del sector agropecuario, la última de ellas coincidiendo con la votación de los Estados. El sector primario europeo se justificaba denunciando que el pacto suponía avanzar hacia la “competencia desleal”, aludiendo que los productos de los países del Mercosur se importarían a la Unión Europea con aranceles reducidos y sin normativas sanitarias, medioambientales y laborales tan exigentes.

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