Los transportistas alertan de problemas e incidencias, mientras Transportes defiende una aplicación gradual dentro de las inspecciones habituales
El Documento Electrónico de Control Administrativo (DeCA) afronta sus primeros días de obligatoriedad con una adaptación desigual entre las empresas y las primeras incidencias detectadas por distintas organizaciones del transporte. La nueva obligación entró en vigor el pasado 5 de octubre para el transporte interior de mercancías por carretera y las operaciones de cabotaje en España, sustituyendo el tradicional documento de control en papel por un formato digital.
Según la normativa, el DeCA debe existir en formato digital antes de iniciar el transporte e incluir, entre otros datos, la identificación del cargador contractual y del transportista efectivo, el origen y destino, la descripción de la mercancía y las fechas de carga y descarga. El documento debe incorporar un código QR que permita a los agentes acceder a él durante una inspección. Aunque cualquiera de las partes implicadas puede generarlo, la responsabilidad sobre la información se distribuye entre el cargador contractual y el transportista efectivo: el primero responde de los datos relativos al envío, mientras que el segundo lo hace de los vinculados a la ejecución del transporte.
Las primeras reacciones de las organizaciones empresariales apuntan a que la adaptación está siendo desigual. La Federación Valenciana de Empresarios del Transporte y la Logística (FVET) ha reclamado al ministerio de Transportes un periodo transitorio antes de exigir el pleno cumplimiento de la normativa, mientras que la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) y la Federación Nacional de Asociaciones de Transportistas de España (Fenadismer) han puesto el foco en las responsabilidades que están asumiendo los transportistas y en determinadas prácticas de los cargadores.
Frente a estas peticiones, Transportes defiende que se trata de una obligación ya vigente, aunque reconoce que el sector atraviesa “una fase de adaptación”. En este sentido, el subdirector general de Inspección del Transporte por Carretera y Ferrocarril del ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Ángel Soret, explica que no existe una campaña específica de control vinculada a la entrada en vigor del DeCA, sino que las inspecciones continuarán desarrollándose dentro de la rutina habitual. “Es una obligación, hay un baremo sancionador y está previsto cómo actuar”, aclara.
“Es un periodo de adaptación, habrá problemas de un lado y de otro y hay que adaptarse”
Ángel Soret Subdirector general de Inspección del Transporte por Carretera y Ferrocarril del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible
Soret señala, no obstante, que el ministerio es consciente de que la implantación de una nueva obligación digital puede generar problemas durante las primeras semanas. “Es un periodo de adaptación, habrá problemas de un lado y de otro y hay que adaptarse”, apunta. A este respecto, precisa que las sanciones se producirán dentro de la actividad ordinaria de inspección, “sin que se haya puesto en marcha una campaña especial de control”. El subdirector general considera que todavía es pronto para valorar si será necesario introducir modificaciones en la regulación. “Ahora hace falta ver cómo transcurre la transformación e implantación y después de ello plantearemos temas normativos. Después de un tiempo veremos cómo actuar”, añade.
Sin embargo, uno de los principales problemas que ha detectado Transportes es precisamente la desigual preparación del sector. Según Soret, algunas empresas llevaban tiempo trabajando en la adaptación de sus sistemas, mientras que otras, especialmente autónomos y pequeños transportistas, han comenzado a informarse en las últimas semanas. “Hemos percibido heterogeneidad. Hay empresas que antes del verano ya se estaban preparando, pero en las últimas semanas hemos recibido muchas peticiones de información, sobre todo de autónomos y pequeños transportistas que no sabían qué hacer”, señala. A juicio del ministerio, la situación es actualmente “positiva” porque el sector ya es consciente de que la obligación está en vigor, aunque todavía queda parte de las empresas en proceso de preparación.
Desde el lado empresarial, FVET asegura que sus asociados han detectado problemas relacionados con la integridad y modificación de los datos, el funcionamiento de las aplicaciones y la dificultad para comprobar si el documento se ha generado correctamente y cumple todos los requisitos. La federación valenciana pone además el foco en las operaciones más complejas. “La posibilidad de introducir cambios de última hora, modificaciones derivadas de subcontrataciones o circunstancias que aparecen durante el viaje genera dificultades especialmente en actividades como la carga fraccionada y la distribución de última milla”, aclaran. A ello se suma, según FVET, que la aplicación ofrecida por el propio ministerio para generar los documentos se puso en funcionamiento el 2 de octubre, apenas tres días antes de la entrada en vigor, sin que los usuarios hubieran dispuesto de un periodo suficiente para probarla. Por ello, la federación reclama “mayor flexibilidad” y un periodo transitorio antes de exigir el pleno cumplimiento de la nueva normativa.
La principal patronal española del transporte por carretera, CETM, ha añadido otra preocupación, el riesgo de que el DeCA termine convirtiéndose en un coste adicional para las empresas. La organización asegura haber detectado casos en los que determinados cargadores trasladan íntegramente al transportista la elaboración y gestión del documento e incluso pretenden cobrar por cada DeCA generado. CETM recuerda que la normativa distribuye las responsabilidades entre las distintas partes, es decir, el cargador responde de determinados datos de la mercancía y el transportista de los relacionados con la ejecución del servicio.
Para la patronal, esta obligación compartida no puede convertirse en una responsabilidad exclusiva del transportista ni en un servicio que este tenga que pagar a su cliente. “El DeCA debe servir para digitalizar y, por tanto, modernizar y simplificar el transporte, no para crear un nuevo peaje digital”, sostiene su presidente, Carmelo González. La crítica va incluso más allá de los costes. CETM señala que, al menos en esta primera fase, “la digitalización no está suponiendo necesariamente una reducción de la carga documental, ya que las empresas continúan llevando los mismos papeles que antes”.
A este respecto, la Asociación del Transporte Internacional por Carretera (Astic) ya ha detectado casos de “grandes multinacionales extranjeras que actúan como cargadores y que estarían trasladando íntegramente al transportista la responsabilidad de disponer del documento”. El vicepresidente ejecutivo de Astic, Ramón Valdivia, también ha recordado que esta obligación “debe ser compartida entre el cargador contractual y el transportista efectivo”. Además, Astic está realizando una encuesta entre sus asociados, abierta hasta el próximo lunes 12 de octubre, para conocer con mayor detalle cómo están afrontando las empresas estos primeros días de aplicación del DeCA.
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